La decisión política está tomada. Antes de julio, el Congreso de la República dará de baja a unas 20 mil leyes —de las casi 34 mil normas que actualmente forman parte del ordenamiento jurídico nacional— porque, simplemente, estas ya no sirven.
Esta será una primera reducción del actual espectro legal normativo, ya que luego de esta purga habrá una revisión más exhaustiva de cada una de las 14 mil leyes sobrevivientes, pues el objetivo final es que en nuestro ordenamiento legal solamente queden vigentes —posiblemente para el verano del 2010— no más de cinco mil normas.
Según dijeron ayer a El Comercio los congresistas Juan Carlos Eguren, de las filas de Unidad Nacional, y Santiago Fujimori, del Grupo Parlamentario Fujimorista, lo que el Congreso pretende es contribuir a limpiar el actual sistema normativo legal —al que tildaron de “frondoso y desordenado”— de aquellas disposiciones que ya cumplieron con su cometido.
La eliminación de estas leyes “basura” —como calificó el congresista Fujimori estas normas inservibles— se producirá en tres tandas. La primera será en marzo próximo, con la purga de 2.900 leyes y las otras dos depuraciones ocurrirán en mayo y julio próximos, coincidiendo con el fin de la actual legislatura parlamentaria.
Entre las normas que de todas maneras no formarán parte del actual espectro legal están unas cuatro mil leyes dictadas por anteriores congresos, con la única finalidad de regularizar el ascenso de generales, por ejemplo.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren (UN), explicó que la relación de estas normas que serán derogadas expresamente por el Poder Legislativo será publicada en una separata especial del diario oficial “El Peruano”, con la finalidad de recibir comentarios, sugerencias o quizás detectar alguna equivocación en la confección de esta nómina.
Consultado al respecto, el experto en derecho constitucional Natale Amprimo Plá apreció la iniciativa parlamentaria, aunque de inmediato se preguntó quién está calificado para resolver qué ley está vigente o no.
“Si bien esta medida es prudente, debería ser fruto de una coordinación entre los poderes del Estado: Gobierno, Congreso y Poder Judicial, así como también del Tribunal Constitucional, porque podría haber discrepancias entre dos poderes del Estado respecto de que una norma está vigente o no. ¿Qué prima?”, dijo.
ENFOQUE
Ojito con el costo-beneficio
¿Para qué sirve una ley? Para garantizar el bienestar común de los ciudadanos. Es una herramienta clave para satisfacer las necesidades de una sociedad. Un aspecto importante en el proceso de la dación de cualquier ley es el análisis costo-beneficio de la futura norma.
Hace algún tiempo en el Perú se avanzó con la informatización del ordenamiento legal nacional. Ahora estamos a punto de asistir a otro ángulo de la llamada reforma del Estado con la simplificación legal de tal manera que el ciudadano de a pie conozca sus deberes y defienda sus derechos.
Por supuesto que cuando concluya este proceso de ordenamiento de nuestro universo legal nacional —en obsequio de la transparencia y de la seguridad jurídica— se continuará aprobando más leyes, pero ojalá que con mejor técnica legislativa. ¿Seguiremos leyendo ese párrafo que siempre se repite en toda propuesta de ley: “La presente iniciativa de ley no generará gasto alguno al Estado…?
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